Estamos en precampaña. Tiempo de formular propuestas para los próximos programas electorales. Por eso creo que vale la pena llamar la atención sobre las que estos días está presentando al mundo político un grupo de empresas especialmente comprometidas con la discapacidad. Que, entre otras cosas, han creado más del doble de empleos para personas con discapacidad que la Administración Central durante los dos últimos años. Y proponen cambios tan razonables como incluir un módulo en la EPA que ofrezca información permanente sobre esta parte del mercado laboral o evaluar periódicamente los avances generados por la LISMI. O tener en cuenta la discapacidad al diseñar los planes de formación y empleo. O mejorar la normativa para que las empresas puedan calcular la cuota de reserva a nivel de grupo, para que las donaciones de productos y servicios (como ciertos servicios profesionales) tengan el mismo tratamiento que los recursos financieros en el cómputo de las medidas alternativas y en la fiscalidad de la Ley de Fundaciones o para flexibilizar el actual requerimiento de información anticipada sobre las compras a centros especiales. De la A a la Z, espero que no ocupen la última posición. O quizá sí. Porque ahora la última letra parece que es de lo más importante.